El derecho de acceso a la información es un derecho fundamental reconocido por la legislación internacional, por muchas constituciones y por más de 80 leyes nacionales de todo mundo. Es también conocido como el derecho a saber o libertad de información.
El derecho de acceso a la información es el derecho que tiene toda persona a solicitar y recibir información de entidades públicas, así como de entidades privadas en la medida en que éstas desempeñen funciones públicas. El derecho obliga a las entidades públicas a publicar información sobre sus funciones y gastos de manera proactiva. Este derecho es también conocido como el derecho a saber o libertad de información.
De los 27 países que conforman la Unión Europea solamente cuatro (4) no tienen una ley de acceso a la información: Chipre, España, Luxemburgo y Malta. Asimismo, de los 47 países miembros del Consejo de Europa, España es uno de los pocos países (8) que no tienen una ley de acceso a la información (junto con Andorra, Chipre, Luxemburgo, Malta, Mónaco, y San Marino). Es el único país de la Unión Europea con más de un millón de habitantes que no tiene una ley específica reguladora del derecho de acceso a la información.
TODAS LAS PERSONAS tienen el derecho de solicitar TODA LA INFORMACIÓN a TODAS LAS ADMINISTRACIONES E INSTITUCIONES PÚBLICAS sin tener que explicar para qué quieren la información o qué uso van a dar a la misma y tienen el derecho de recibir una respuesta en un plazo breve y en un formato claro y comprensible.
En una verdadera democracia sólo es p osible una auténtica participación por parte de la ciudadanía si ésta puede acceder en igualdad de condiciones a todo tipo de información que se encuentre en poder de cualquier autoridad pública o de cualquier entidad privada que realice funciones públicas. La mejor herramienta para garantizar el pleno reconocimiento y ejercicio de este derecho es la existencia de una ley específica de acceso a la información.
La Coalición Pro Acceso -una plataforma formada por organizaciones de la sociedad civil e individuos a favor de una mayor transparencia- ha elaborado, tras el análisis de las normas y jurisprudencia existente al respecto, así como de las leyes y la práctica en los países que han regulado este derecho, diez principios que deberían ser incluidos en la futura ley de acceso a la información pública que se adopte en España.
Estos principios se han derivado de un estudio comparativo de la legislación y la práctica en más de 80 países del mundo así como de la nueva Convención del Consejo de Europa sobre el acceso a documentos públicos (2008).
Uno. El derecho de acceso a la información es un derecho fundamental de toda persona.
Dos. El derecho de acceso a la información se aplica a todas las entidades públicas, a todos los poderes del Estado y a todas aquellas entidades privadas que realicen funciones públicas.
Tres. El derecho de acceso a la información se aplica a toda la información elaborada, recibida o en posesión de las entidades públicas, sin importar cómo esté almacenada.
Cuatro. Realizar solicitudes debe ser sencillo, rápido y gratuito.
Cinco. Los funcionarios tienen la obligación de ayudar a los solicitantes.
Seis. Principio de publicidad de la información: el secreto y la denegación de la información son la excepción.
Siete. Las denegaciones de acceso a la información deben ser limitadas y estar debidamente motivadas.
Ocho. Toda persona tiene el derecho a recurrir las denegaciones de acceso o la no contestación a las solicitudes realizadas.
Nueve. Las entidades públicas, a iniciativa propia, deben poner a disposición del público información básica y esencial sin que sea necesario realizar una solicitud.
Diez. El derecho de acceso a la información debe ser garantizado por un órgano independiente.
En 2008 el Consejo de Europa adoptó el Convenio sobre Acceso a Documentos Públicos. Para poder firmar y ratificar esta Convención, España tendrá que adoptar una ley de acceso a la información.
Durante el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero se presentó en agosto 2010 el anteproyecto de la Ley de Transparencia y Acceso de los Ciudadanos a la Información que, con posterioridad, sería retomado por el gobierno del Partido Popular. Durante la apertura del trámite de información y consulta pública, los ciudadanos enviaron más de 3.600 contribuciones, mientras que se produjeron cerca de 80.000 visitas a la página web que habilitó el gobierno hasta el 11 de abril de este año. Esa es una muestra indicativa del interés que el texto de la ley suscita entre la población española.
Algunos colectivos en favor de la transparencia han expresado sus reparos a la ley. Tal es el caso de la ya mencionada Coalición Pro Acceso, que la ha calificado la ley de "restrictiva", ya que, a su entender, con las excepciones recogidas en la misma se veta "mucha información" a los ciudadanos. Así lo ha asegurado la coordinadora de Coalición Pro Acceso, Victoria Anderica, quien ha admitido que esperaban "mucho más" de la ley elaborada por el Ejecutivo. Según ha dicho, en España es necesaria una norma que "siente las bases de la transparencia, no solo de la Administración Pública". Además, ha criticado que la Ley de Transparencia no vaya a afectar a la Casa Real. Los últimos acontecimientos relacionados con diferentes miembros de la Casa Real han suscitado un gran malestar en la población española, que en su mayoría no comprende las razones por las que las actividades y presupuesto de gasto siguen siendo objeto de un gran secretismo.
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